La Corte Suprema de Justicia mantiene una postura de cautela frente a la disputa emergente entre el gobierno de Javier Milei y distintas provincias respecto a la asignación de fondos federales. Aunque los gobernadores, como Axel Kicillof de Buenos Aires e Ignacio Torres de Chubut, han anunciado su intención de recurrir al máximo tribunal por recortes en el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal y la coparticipación federal, respectivamente, dichas apelaciones aún no han sido formalmente presentadas ante la Corte.
El gobernador Kicillof, quien previamente había impulsado el juicio político a los jueces de la Corte, ahora busca su intervención para la restitución de aproximadamente 30.000 millones de pesos, mientras que Torres, mediante una estrategia legal paralela, ya ha logrado un fallo favorable en Chubut para la preservación de los fondos del subsidio al transporte, destacando la tensiones entre las autoridades provinciales y el gobierno nacional.
El caso de Chubut, en particular, destaca por la sentencia del juez federal de Rawson, Hugo Sastre, quien calificó la quita de fondos como “arbitraria” y “desestabilizante” para las finanzas provinciales, en un contexto donde el gobierno de Milei busca implementar un ajuste fiscal para equilibrar las cuentas públicas.
Este escenario se inscribe en un patrón más amplio de conflictos entre el Estado Nacional y las jurisdicciones provinciales sobre la asignación de recursos, con precedentes que incluyen litigios entre el gobierno anterior de Alberto Fernández y la Ciudad de Buenos Aires. A medida que se desarrollan estos enfrentamientos legales, la Corte Suprema se perfila como un árbitro clave en la definición de las dinámicas de poder y recursos entre las distintas capas de gobierno en Argentina.