La Hidrovía Paraná-Paraguay, sistema de navegación troncal vital para la Cuenca del Plata, enfrenta controversias debido a la tarifa de peaje impuesta por Argentina. Informes recientes han subrayado la intervención de empresas estadounidenses, ejerciendo presiones a través de Paraguay, para influir en las decisiones sobre esta importante arteria de navegación.
Luciano Orellano, destacado autor y miembro de varias organizaciones, afirma que empresas de Estados Unidos están detrás de la discordia actual. Planea presentar su libro, en el que probablemente ofrezca una visión más detallada sobre la situación, en Misiones.
Mientras tanto, Paraguay espera que un arbitraje internacional defina el tema del peaje en la hidrovía. Esta vía fluvial conecta puertos en Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay al océano Atlántico, abarcando 3.400 kilómetros.
Argentina ha dejado claro que continuará cobrando el peaje, justificando que los fondos recaudados respaldan el mantenimiento anual de las vías fluviales. Diego Giuliano, Ministro de Transporte de Argentina, reafirmó que toda inversión en dragado y otras obras en los últimos 13 años ha sido asumida por Argentina.
El Gobierno paraguayo, por su parte, está discutiendo el tema del peaje y, según declaraciones de su Ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, la decisión final se tomará a través de un arbitraje. Además, las autoridades argentinas señalan que el coste anual del dragado y balizamiento es de alrededor de 20 millones de dólares.
En medio de las tensiones, se ha informado sobre la liberación de todos los camiones con cargas de gas hacia Paraguay y la suspensión de las confiscaciones de embarcaciones. El embajador argentino en Paraguay y el Ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay se reunieron recientemente, enfatizando la necesidad de continuar el diálogo bilateral.
Un punto importante a destacar es la perspectiva alternativa presentada por Orellano, quien contradice la idea popular de que Paraguay tiene una de las flotas fluviales más grandes del mundo. Orellano sostiene que muchas empresas extranjeras han adoptado la bandera paraguaya simplemente por conveniencia y beneficios fiscales.
El tema se complica aún más con las presiones de entidades extranjeras. Datos recientes sugieren que la AmCham, junto con otras organizaciones, ha solicitado intervenciones de EE.UU. para defender sus intereses.
Paralelamente, en otro ámbito relacionado, la representación argentina en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) refutó las afirmaciones de Paraguay sobre un supuesto incumplimiento en el pago de energía. La situación es volátil, con constantes intercambios y declaraciones entre ambos países, subrayando la complejidad del escenario en la región.