Restauración del protocolo de armas largas en Prefectura: un giro hacia la seguridad

En una decisión que marca un cambio significativo en la política de seguridad, el Gobierno ha derogado una resolución previa y ha restablecido el uso de armas de fuego largas por parte de la Prefectura Naval Argentina en la prevención de delitos graves. Esta medida, oficializada el viernes en el Boletín Oficial a través de la Resolución 53/2024, se alinea con un protocolo de 2018, cuya aplicación se extenderá próximamente a otras fuerzas de seguridad del país.

La derogación de la resolución anterior, implementada por la ex ministra Sabina Frederic, que restringía el uso de armas letales, ha sido justificada por el gobierno actual como una medida necesaria para mejorar la capacidad de defensa de los efectivos, particularmente en situaciones de confrontación que, en ocasiones, han resultado en la pérdida de vidas de funcionarios debido a agresiones no repelidas adecuadamente.

Específicamente, la medida busca posicionar de manera más favorable a la Prefectura Naval en el patrullaje de los ríos fronterizos, enfrentando a la criminalidad organizada con mayor eficacia, ante la anterior restricción del uso de armamento de largo alcance que colocaba a la fuerza en desventaja.

Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad, ha destacado la urgencia de esta medida, especialmente en el contexto de recientes confrontaciones en zonas fluviales estratégicas como el río Paraná superior, el río Paraguay, y el río Uruguay, donde la imposibilidad de utilizar armas largas desde las embarcaciones ha limitado la capacidad de respuesta de la Prefectura.

Esta decisión se fundamenta en la asignación exclusiva y excluyente de funciones a la Prefectura Naval por parte del Estado Argentino, entre ellas, la seguridad de la navegación, el cumplimiento de convenios internacionales sobre navegación, y la prevención y represión del contrabando, migraciones, y otras actividades ilícitas en zonas de seguridad de frontera marítima.

La restitución del protocolo de 2018 representa un giro en la política de seguridad nacional, enfatizando la necesidad de adaptar los protocolos a las exigencias actuales y mejorar la capacidad de las fuerzas de seguridad para enfrentar delitos graves y proteger la soberanía nacional en zonas críticas.

Extracto: La restitución del uso de armas largas en Prefectura busca mejorar la seguridad en zonas fluviales estratégicas, enfrentando de manera más eficaz a la criminalidad organizada y adaptando los protocolos de seguridad a las necesidades actuales.

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