Postergación en la Quita de Subsidios a la Electricidad y el Gas

29 de marzo de 2024 – El Gobierno ha decidido aplazar la eliminación de los subsidios a las tarifas de electricidad y gas hasta junio, enfrentando desafíos en el proceso de intercambio de información entre distintos organismos, crucial para la implementación efectiva de esta medida. Este retraso busca asegurar la precisión en la identificación de los hogares que serán afectados por la quita, según informaron fuentes oficiales.

Inicialmente programada para abril, la medida fue primero retrasada para mayo y ahora enfrenta una nueva postergación. Este cambio de planes surge en el contexto del esfuerzo del Gobierno por alcanzar un superávit fiscal, siendo la eliminación de los subsidios a los servicios básicos un pilar central en la estrategia económica anunciada por el presidente Javier Milei.

La dificultad en la implementación radica en la necesidad de cruzar datos del Registro de Acceso a los subsidios a la Energía (RASE) con información del INDEC sobre la situación socioeconómica de los usuarios. Este proceso asegura que la medida afecte equitativamente a los hogares según sus capacidades económicas, teniendo en cuenta la variabilidad en las tarifas que resulta de los distintos niveles de ingreso familiar.

En un contexto donde las tarifas de luz y gas han estado congeladas por un largo período, y con un consumo significativamente más alto que el promedio regional, el Gobierno busca racionalizar el gasto en subsidios. Estos han representado una erogación considerable para el Estado, alcanzando aproximadamente 150.000 millones de dólares en las últimas dos décadas.

Desde el ministerio liderado por Luis Caputo se destaca que, en 2023, el gasto en subsidios energéticos equivalió al 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI), cifra cuatro veces mayor al gasto destinado a la Asignación Universal por Hijo (AUH), que representó 0,4% del PBI en el mismo período.

Esta postergación refleja el desafío del Gobierno en equilibrar las necesidades fiscales con la complejidad operativa de implementar políticas que impactan directamente en el bienestar económico de los ciudadanos.

 

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