Desde enero, el Gobierno había dejado de transferir las partidas millonarias a las provincias que también habían reclamado a la gestión de Alberto Fernández por la actualización de los montos copartipables con los que se financia la ANSES. El miércoles, a través del DNU, eliminó los artículos 92, 93 y 94 de la ley de Presupuesto 2023 -que está vigente ante la ausencia de un ley de leyes para 2024- y que obligaba al Gobierno a cubrir esa diferencia antes del día 20 de cada mes, una política establecida durante la administración de Mauricio Macri para saldar una larga discusión judicial entre la Nación y las provincias.
Durante su breve gestión en ANSES, el flamante presidente de la Fundación Mediterránea Osvaldo Giordano ofreció cubrir la deuda nacional con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), pero la propuesta fracasó. El ex titular de ANSES responsabilizó al ministro de Economía Luis Caputo por la merma en el envío de fondos, en una entrevista con La Voz del Interior. La esposa del ex funcionario, la diputada Alejandra Torres -que había votado en contra del articulado de la ley ómnibus que signifó la expulsión de Giordano del Gobierno- también cargó contra el nuevo DNU. “El decreto consolida así una grosera e irritante discriminación entre provincias”, escribió en la red X.
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En el Gabinete de Martín Llaryora señalan que es una mala noticia, pero sostienen que el decreto les abrió una puerta para avanzar con una solución de fondo en la Justicia Federal. «Antes tenían la Nación tenía una deuda de entre $240 y $400 millones con la provincia. Ahora consolidaron algo que es ilegal y tenemos un marco legal«, explicaron cerca del cordobés mientras definen si recurrir a la Corte Suprema o una Cámara Federal. En la provincia mediterránea, sin embargo, sostienen que su apoyo a la ley ómnibus no corre riesgo a menos que el oficialismo decida utilizar el FGS con otros fines, una alternativa que hoy no figura en el borrador.
El gobernador santafesino Maximiliano Pullaro fue el primero en alzar la voz contra el Gobierno a través de su secretario previsional Jorge Boasso. “Mientras Milei convoca al consenso a los gobernadores para que lo acompañen en sus leyes, saca por decreto un recorte de fondos adeudados por ley”, se quejó el dirigente radical.
El funcionario de Pullaro no descartó acudir a la Corte Suprema, que sigue sumando expedientes de las provincias contra el Estado nacional. La administración saliente de Santa Fe, a cargo del peronista Omar Perotti había interpuesto una demanda 45 días antes de dejar el poder por la deuda consolidada hasta el 31 de diciembre. En el ejecutivo santafesino señalan que la Nación adeuda entre entre $600 mil y $700 millones a las provincias, según el índice del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) del ANSES.
El gobierno santafesino teje una estrategia política y legal combinada con Córdoba y Entre Ríos, aunque los distritos accionarían por separado. La semana pasada, además, Pullaro sumó una foto sugerente con Axel Kicillof con la excusa de un acuerdo de gestión en materia de seguridad en la frontera entre ambas provincias.
Córdoba también demandó a la Nación por el mismo motivo. Juan Schiaretti presentó meses atrás dos demandas ante el ANSES por la deuda consolidada que su sucesor Llaryora continuará; además de activar un tercer recurso por el flamante DNU.
Además de Pullaro, el resto de los gobernadores de JxC afectados avisaron que volverían a llevar el reclamo a la Casa Rosada el próximo jueves. El tema les preocupa mucho más que la eliminación del FONID o del Fondo Compensador de Transporte que el Gobierno también oficializó en el mismo DNU.