En un giro que ha generado controversia, Alejandro Tonelli, hermano del exdiputado macrista Pablo Tonelli y letrado vinculado a la familia de Mauricio Macri, ha sido recontratado por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) después de haber recibido una indemnización de 50 millones de pesos tras ser despedido. Esta decisión ocurre en un contexto donde el manejo de la EBY, bajo la presidencia de Javier Milei, parece favorecer el regreso de exfuncionarios asociados al macrismo, marcando un claro ejemplo de las complejas dinámicas de poder y política en Argentina.
Alejandro Tonelli, quien anteriormente ocupó el cargo de asesor jurídico en la EBY, fue despedido durante la gestión de Ignacio Barrios Arrechea, quien buscaba renovar el personal de confianza dentro de la entidad. Sin embargo, Tonelli logró un notable regreso al conseguir no solo su reincorporación a través de la justicia sino también una indemnización excepcionalmente alta, financiada con fondos estatales.
Este episodio se suma a la polémica por los años en que Tonelli, sin una función específica asignada, continuó recibiendo un salario mensual superior al millón de pesos, resaltando las críticas hacia la EBY por supuestas prácticas de favoritismo político y salarios exorbitantes en comparación con el resto de la administración pública.
El reciente nombramiento de Alfonso Peña, estrechamente vinculado a Mauricio Macri, como director Ejecutivo de la EBY, ha permitido el retorno de Tonelli y otros exfuncionarios macristas a posiciones clave dentro de la entidad. Esta serie de recontrataciones refuerza las preocupaciones sobre posibles conflictos de interés y la gestión de los recursos de la entidad, especialmente considerando los antecedentes judiciales de Tonelli y su demanda por diferencias en el pago de su obra social.
La falta de actualización de la lista de personal y salarios en la página web de la EBY desde 2018, bajo el pretexto de transparencia, agudiza la percepción de opacidad en las prácticas administrativas y de contratación de la entidad, cuestionando la efectividad de las políticas de gestión y la integridad de los procesos de selección de su personal.
Este caso subraya la persistente influencia de las redes políticas en las decisiones administrativas y financieras dentro de instituciones clave como la EBY, planteando interrogantes sobre la equidad, transparencia y justicia en la administración pública argentina.
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