El Gobierno de Argentina ha oficializado la nueva Ley de Alquileres a través del Decreto 533/2023, con el objetivo de atender las preocupaciones habitacionales que afectan a numerosos inquilinos en el país. Esta medida se toma en el contexto de una tensa situación en el mercado inmobiliario, donde los precios de los alquileres han experimentado alzas y la oferta ha mostrado una disminución.
La nueva ley, aprobada en la Cámara de Diputados tras un debate que culminó con 128 votos a favor frente a 114 en contra, presenta varios cambios clave. El más destacado es la prohibición de establecer alquileres en dólares, garantizando que los precios se fijen únicamente en pesos argentinos. Esta decisión busca proteger a los inquilinos de las fluctuaciones del mercado de divisas y garantizar una mayor previsibilidad en sus obligaciones financieras.
Otro cambio fundamental es el ajuste en la periodicidad de la actualización de los alquileres. Antes, la ley permitía un único ajuste anual, pero con la reforma, los alquileres se actualizarán cada seis meses. Esto significa que, en lugar de una única revisión anual, los inquilinos deben prepararse para dos incrementos por año. Para calcular estos ajustes, se ha introducido el coeficiente «Casa Propia», que se basa en un promedio entre la variación salarial anual y la inflación. Adicionalmente, se ha agregado un Coeficiente de Variación Salarial (CVS) que toma en cuenta el 90% de la variación salarial.
El diseño detrás de esta nueva fórmula busca equilibrar los intereses de los propietarios y los inquilinos. Al considerar tanto la inflación como los salarios, la intención es que los ajustes reflejen de manera más precisa la realidad económica del país, evitando que los inquilinos sean excesivamente gravados por alzas imprevistas. Además, al proporcionar una metodología clara y transparente para el cálculo de los ajustes, se espera que los inquilinos puedan planificar mejor sus finanzas.
En resumen, con esta nueva Ley de Alquileres, el Gobierno busca traer orden y justicia al mercado de alquileres, garantizando que los precios reflejen de manera más justa las condiciones económicas del país y protegiendo a los inquilinos de ajustes exorbitantes o impredecibles.