Los Fondos Fiduciarios en el Ojo del Huracán: Control y Transparencia en Duda

Los fondos fiduciarios, manejando cerca de 1,5 billón de pesos anuales, se convirtieron en el centro de una controversia política que culminó en el fracaso de la ley ómnibus en el Congreso. Estos fideicomisos, que operan desde hace décadas bajo mínima supervisión oficial, han sido utilizados para una variedad de propósitos, desde financiamiento de proyectos hasta la respuesta a emergencias y objetivos menos claros.

El primer revés en la votación del proyecto de ley fue la negativa a otorgarle al presidente Javier Milei pleno control sobre estos fondos, que suman entre 8.000 y 10.000 millones de dólares anuales. La propuesta buscaba permitirle al ejecutivo modificar, unificar o eliminar estos fideicomisos a discreción, lo que generó una fuerte oposición tanto de «halcones» como de «dialoguistas», marcando así una línea roja política.

Actualmente, existen al menos 29 fideicomisos con un presupuesto anual cercano a los $1,5 billones. Estos fideicomisos abarcan desde el financiamiento de viviendas familiares hasta la infraestructura hídrica y el desarrollo provincial. Operan principalmente bajo las órbitas de los bancos Nación, BICE e Hipotecario, con escasos controles. La falta de transparencia es notable, ya que incluso información básica sobre su gestión y asignaciones es difícil de obtener.

Los fideicomisos son responsables de transferir significativas sumas de dinero, con los nueve principales moviendo más de $997.005 millones en los primeros nueve meses de 2023. Estos incluyen el fondo para la infraestructura de transporte, vivienda social, subsidios al consumo de gas licuado de petróleo, entre otros. Sin embargo, la manera en que se distribuyen estos fondos, quiénes los administran y cómo se seleccionan los beneficiarios permanece en gran medida en la sombra.

Esta opacidad ha llevado a líderes políticos, funcionarios y expertos del sector privado a coincidir en la necesidad de una revisión y mayor transparencia en la gestión de los fondos fiduciarios. No obstante, la complejidad del sistema hace que sea un desafío abordar esta cuestión de manera efectiva.

Extracto: Los fondos fiduciarios de Argentina, sumando 1,5 billón de pesos al año, se encuentran en el centro de un debate sobre control y transparencia tras influir en el colapso de la votación de la ley ómnibus. Con escasos controles y utilizados para una amplia gama de fines, la gestión de estos fondos plantea preguntas urgentes sobre eficiencia, eficacia y el uso adecuado de recursos públicos.