Un Fallo Esperanzador para la Educación de Río Negro
En una decisión crucial, el Juzgado Federal de Viedma ha aceptado la demanda interpuesta por la provincia de Río Negro debido a la quita de fondos educativos por parte del Estado Nacional. Esta medida obliga al gobierno, representado por el Ministerio de Economía y la Secretaría de Educación, a presentar un informe detallado en un plazo máximo de 10 días, explicando los motivos detrás del recorte presupuestario iniciado desde el 1º de enero del presente año. Este fallo coincide con otra acción legal en la que el Gobierno buscaba inhibir a un juez federal de Rawson por una decisión favorable a Chubut en un contexto similar.
La ministra de Educación de Río Negro, Patricia Campos, había emitido una firme solicitud al gobierno nacional en febrero, demandando la inmediata liberación de los fondos correspondientes a la provincia bajo la Ley de Financiamiento Educativo y otras normativas asociadas, enfatizando la asignación específica destinada a la mejora salarial de los docentes y recursos para conectividad y material didáctico.
La provincia argumenta que este desfinanciamiento inesperado vulnera el derecho constitucional a la educación y amenaza la calidad y continuidad del proceso educativo en Río Negro, afectando directamente a más de 23,000 docentes debido a la falta de transferencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).
Simultáneamente, el gobierno provincial, liderado por Alberto Weretilneck, ha anunciado que asumirá temporalmente la responsabilidad de los fondos recortados, en un esfuerzo por mitigar el impacto en los salarios de los docentes y garantizar la continuidad del servicio educativo.
Este litigio pone de relieve la tensión entre las provincias y el gobierno central en lo que respecta al financiamiento de servicios esenciales, como la educación, y subraya la importancia de una distribución equitativa de recursos que asegure el cumplimiento de los derechos fundamentales.