En un escenario de ajustes y promesas, el gobierno de Javier Milei enfrenta el desafío de reconciliar sus discursos de renovación con las Fuerzas Armadas con la realidad de las políticas salariales. A pesar de haber cancelado un incremento previamente acordado para igualar los ingresos de los militares con los de las fuerzas de seguridad, el Ministerio de Defensa, liderado por Luis Petri, explora ahora caminos para mejorar las remuneraciones en el marco de una «nueva era» de relaciones.
Este compromiso surge en un momento delicado, donde el reconocimiento y valorización de las Fuerzas Armadas se consideran fundamentales para enfrentar desafíos contemporáneos como el narcotráfico y la seguridad interior. Aun así, la concreción de mejoras salariales se ve obstaculizada por restricciones presupuestarias y prioridades políticas que ponen en duda la viabilidad de las promesas hechas.
La política militar del gobierno también contempla una participación más activa de los militares en la lucha contra el narcotráfico, aunque esta se limita actualmente a un apoyo logístico. Al mismo tiempo, se debaten modificaciones a la ley de seguridad interior que podrían expandir el rol de las Fuerzas Armadas en el ámbito nacional.
Mientras estas discusiones continúan, el aniversario de Malvinas se convierte en un símbolo de la promesa de Milei de inaugurar una «nueva Argentina», en la que las Fuerzas Armadas desempeñarían un papel central. Sin embargo, la viabilidad de estas iniciativas y su impacto en el bienestar de los militares aún están por verse.