Cerca del Presidente apuntan que la propuesta del Gobierno «no es que se vote a libro cerrado» pero que «tampoco se puede empezar con un toma y daca con cada sector porque si no se pierde la esencia del proyecto que es liberar a los argentinos de regulaciones que complican sus vidas».

También, reconocen, la estrategia es evitar mostrar señales de debilidad y negociar con dureza: «Si decís que vas a escuchar y cambiar lo que haya que cambiar, te van a querer cambiar todo», razonan. Por este mismo motivo, todas las voces del Gobierno repiten que no se prorrogarán las sesiones extraordinarias luego del 31 de enero, cuando hasta la propia hoja de ruta del oficialismo ya anticipa que para ser aprobada en el Senado requerirá hacerlo. «Primero que lo aprueben los diputados y después vemos», replican en un despacho de Casa Rosada.

Según un interlocutor inobjetable, en privado Milei marca que hay puntos de la ley que no cederá ni siquiera para conformar a la oposición más «dialoguista» que se divide entre querer apoyar los primeros pasos de su gestión pero entra en contradicción con que hay medidas que contempla el proyecto que le cuestionó a Alberto Fernández y al kirchnerismo en general. Por caso, la delegación de facultades extraordinarias para que el Ejecutivo actúe en el marco de una «emergencia pública» en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y administrativa. Fue objetado por un sector del radicalismo, la Coalición Cívica y hasta en el ala no macrista del PRO.

«Es una herramienta que necesito sí ó sí, para tomar decisiones rápidas. En un momento como este no hay tiempo para esperar que algo salga en el Congreso, estamos ante una emergencia», le dijo Milei a una persona de su confianza en las últimas horas, pudo saber Clarín. «Es una pelotudez que me lo comparen con las facultades que pidió Alberto, esto no es nada», se quejó. En rigor, la ley 27.541 de «Solidaridad Social y Reactivación Productiva» aprobada en el marco de la pandemia tuvo similares alcances a los pretendidos por el actual oficialismo.

Ese tercio restante podría servir de cartas en las distintas negociaciones que encará el Ejecutivo en los próximos días. «No hay intransigencia, sólo un norte claro hacia donde ir. No somos obtusos y vamos a trabajar para que salga la ley», completó un funcionario que habla con el mandatario todos los días y que, curiosamente, no es señalado como un «dialoguista» por la oposición.

El Presidente optó por mantener cierta distancia del debate interno que se generó en el Gobierno en torno a la falta de consultas previas a sectores políticos y empresariales que podrían verse afectados por la ley, como quedó expuesto en torno a la pesca. En la reuniones de Gabinete de esta semana, se limitó a ratificar el rumbo que pretende imponer su gestión pero evitó dar señales para uno y otro lado respecto a su postura.

Sucede que este último es, sin contar a su hermana -«El Jefe»- Karina Milei, la persona de mayor confianza del Presidente, por lo que todo lo que se valida en su despacho lleva implícito su aval. Y, más allá de que fue Sturzenegger quien elaboró el proyecto, ninguno de los capítulos pudo pasar sin su visto bueno.

Las versiones de diferencias entre Posse y Francos fueron desestimadas por el Presidente, que mandó a su vocero, Manuel Adorni, a aclarar que en el Gobierno «no hay ni una sola interna» y las atribuyó a «un rumor que generó la prensa sin ningún tipo de sustento». La desmentida oficial no significa que esas diferencias no existan.

Hacia afuera, Milei evitará hacer críticas a su tropa y está decidido a sostener la línea discursiva «a todo ó nada», para no mostrarse débil ante una oposición a la que advierte parapetada