El presidente de Argentina, Alberto Fernández, firmó un decreto para reglamentar la ley 27.669, que establece la producción industrial de cannabis. Con la publicación del decreto en el Boletín Oficial este lunes, el Estado estará en condiciones de otorgar licencias para crear un nuevo sector económico en el país.
La ley, sancionada en mayo de 2022, tiene como objetivo regular la cadena de producción y comercialización local o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y productos derivados destinados al uso medicinal e industrial. Esta iniciativa surgió como resultado del consenso legislativo y busca canalizar las demandas de la sociedad relacionadas con los beneficios medicinales atribuidos al cannabis.
El Gobierno estima que la industria cannábica generará alrededor de 10 mil puestos de trabajo en los primeros años, con una demanda de aproximadamente seis millones de usuarios de cannabis con fines medicinales. Se priorizará la participación de pequeñas y medianas empresas, cooperativas y economías regionales.
Una de las novedades más destacadas en el marco regulatorio es la consideración de «cannabis psicoactivo» para las plantas con flores secas que superen el 1% de tetrahidrocannabinol (THC) en su composición química. Esto significa que la fabricación de productos a base de cannabis con hasta ese porcentaje de THC será legal, sin entrar en conflicto con la legislación penal o las normativas internacionales.
La Agencia Regulatoria del Cannabis (ARICCAME), creada en enero de 2023, se encargará de otorgar las licencias. Se espera que, antes de fin de año, se entreguen al menos 80 licencias para diversas actividades económicas relacionadas con el cannabis.
La ARICCAME será la autoridad de aplicación de la ley y definirá las especificaciones y regulaciones para los «productos derivados» del cannabis, como medicinales humanos y veterinarios, nutricionales, cosméticos, industriales, de sanidad y fertilidad vegetal. También dejará abierta la posibilidad de incluir nuevas funcionalidades según avances científicos y tecnológicos.
Se establecerán siete tipos de licencias, incluyendo las de cultivo, servicios logísticos, producción de derivados y comercio exterior. Todas las licencias serán válidas por un mínimo de cinco años y serán renovables. El proceso de obtención de licencias requerirá la intervención de organismos públicos, como INTA, INASE y ANMAT, que tendrán 25 días para elevar sus informes sobre cada solicitud.
La ARICCAME actuará en conjunto con todas las provincias de Argentina y contará con el Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal, conformado por representantes de la Nación y las provincias. Se busca fomentar una industria dinámica que involucre al sector público, privado y a organizaciones de la sociedad civil, generando empleo y fortaleciendo las economías regionales. Con esta reglamentación, Argentina se posiciona como un líder en la producción y comercialización de cannabis en América Latina