En un giro controvertido, el Parlamento venezolano da luz verde a una ley que proscribe reuniones pacíficas y organizaciones consideradas «fascistas» o «neoliberales» por el gobierno, marcando un antes y un después en la libertad de expresión y asociación en el país.
En una sesión que ha capturado la atención mundial, el Parlamento venezolano ha aprobado inicialmente una legislación que redefine el escenario político y social del país. La «ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares» introduce medidas drásticas como la cárcel, inhabilitación política y multas por difundir lo que el régimen califica como «mensajes prohibidos». Esta ley, presentada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, plantea una Venezuela donde el pensamiento crítico y la disidencia se ven seriamente amenazados. Los artículos de la ley prohíben explícitamente el pensamiento «neoliberal» y «conservador», además de imponer una censura total en redes sociales y prohibir reuniones y manifestaciones etiquetadas arbitrariamente como «fascistas».
La creación de una alta comisión contra el «fascismo», dirigida por militantes chavistas, y las severas penas de prisión para quienes infrinjan la ley, muestran un endurecimiento en la persecución contra la oposición y cualquier forma de crítica al gobierno. Este movimiento legislativo no solo coloca a Venezuela en un camino paralelo al régimen nicaragüense en términos de represión política, sino que también pone en jaque la ya frágil ruta hacia las elecciones presidenciales del 28 de julio, dificultando aún más el ejercicio de derechos y libertades fundamentales.
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