El Poder Ejecutivo argentino, liderado por Javier Milei, emitió el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, con el objetivo de abordar múltiples problemas económicos y sociales con una sola acción. La medida busca imponer un severo ajuste fiscal y un cambio drástico en la dirección económica del país. Sin embargo, la naturaleza y el contenido del DNU han levantado controversias.
Desde una perspectiva constitucional, la Corte Suprema de Argentina ha establecido que los DNU solo deben utilizarse en circunstancias excepcionales que impidan al Congreso actuar a tiempo. El problema con el DNU 70/2023 radica en que, además de desregularizaciones, incluye derogaciones y modificaciones legislativas significativas, como la derogación completa de la ley de alquileres, y reformas en la ley de contrato de trabajo relacionadas con las indemnizaciones por despido.
El debate se centra en si realmente era imposible para el Congreso legislar sobre estas materias en el tiempo requerido o si el uso del DNU excede las situaciones de excepcionalidad previstas constitucionalmente. Por otro lado, el diseño del DNU, abarcando un amplio espectro de áreas, presenta un desafío práctico para los legisladores, ya que la ley dicta que el DNU debe ser aceptado o rechazado en su totalidad, sin posibilidad de enmiendas parciales.
Este amplio abanico de temas incluidos en el DNU toca desde la salud y el comercio hasta la transformación de empresas estatales en privadas, lo que dificulta la posibilidad de una ratificación selectiva por parte del Congreso. La efectividad y la constitucionalidad del DNU dependen de su aceptación por parte de ambas cámaras legislativas, lo que a su vez requiere una base sólida de apoyo político, la cual parece incierta hasta el momento.