Se cumplen tres meses del gobierno de Javier Milei, quien ganó las elecciones con un discurso contra la casta, y prometiendo, además del cierre del Banco Central y la dolarización, un fuerte e inevitable ajuste para sanear la economía de despilfarro y emisión monetaria dejada por el kirchnerismo.
Si la Casa Rosada hiciera un video para las redes sociales, a las que ha elegido como canal de comunicación, los logros de su gestión de estos tres meses serían el control del dólar que llegó a $990, un valor que lo acerca al dólar oficial y con una brecha de apenas el 17%; mostraría una desaceleración de la inflación de febrero que algunos proyectan en torno a un 12 o 13% respecto del 25,5% de diciembre del año pasado, la más alta en tres décadas.
También ocuparía un lugar importante la disminución de los piquetes tal como proliferaban durante los cuatro años de gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, así como la quita de poder de los dirigentes sociales como Emilio Pérsico, Eduardo Belliboni o Juan Grabois, que ya no pueden obligar al millón y medio de beneficiarios de planes a marchar porque no tienen control sobre sus planes. Tampoco pueden exigirles un retorno de parte del beneficio.
Y como otro de los principales ejes, aparecería la seguridad de la mano de la ministra de Patricia Bullrich, que también tiene que ver con el control de las protestas frente al Congreso, y con la multiplicidad de incautaciones de droga. Le queda al Ministerio de Seguridad un terreno bastante pedregoso: con el foco narco en Rosario que vuelve a ser noticia y sobre el que empieza a haber dudas sobre la efectividad de la lucha cuerpo a cuerpo como único recurso; y con el agujero negro del Conurbano, a minutos del Obelisco, que sigue siendo una zona liberada para bandas de motochorros y delincuentes que azotan a los bonaerenses.
Pero esos “logros” que en parte la sociedad esperaba, comienzan a ser opacados por una actitud de confrontación permanente de Milei, un doble discurso respecto a la austeridad y contra la supuesta casta, y una falta casi total de empatía.
“Hay 60% de argentinos pobres y más del 10% indigente. Que no me vengan con que a ellos no le alcanza porque hay muchísima gente que la está pasando muchísimo peor con muchísimo menos plata”, aseguraba Milei en una entrevista con LN+. Se dirigía a los legisladores, a los que llama la casta, porque se habían aumentado el 30% su dieta, que está atada a la paritaria de los trabajadores del Congreso. Omitía Milei que esa resolución la firmaron dos de sus principales espadas libertarias, Martín Menem en Diputados y Victoria Villarruel en el Senado. Fue tal la preocupación por la repercusión negativa, que primero se anunció el envío de un proyecto de ley para retrotraer el aumento, y después terminó emitiendo una resolución -lo que debió haber hecho desde el principio- desenganchando a los legisladores de los empleados del Congreso para que no cobren ningún aumento.
Pero más llamó la atención que dos meses después de haber empezado a cobrar un aumento -desde enero- el Presidente no se haya percatado que su sueldo pasó de 4 millones en enero a 6 millones en febrero; o los ministros, que pasaron de cobrar 3,5 a 5,3 millones de un mes a otro. La lluvia de cuestionamientos provocaron que anule los aumentos. Después, que la culpa sea por un decreto de Cristina Kirchner o que estaba contemplado en un decreto del actual gobierno del 29 de febrero, es anecdótico. En ambos casos, si los medios tradicionales a los que tanto desprecia el mandatario -salvo algunas excepciones- no hubieran publicado ambos escándalos, los aumentos en el Congreso y en la cúpula del Gobierno, todo hubiera quedado en la oscuridad.
No es que el Presidente, los funcionarios y los legisladores no merezcan un incremento salarial, encima menor a la inflación. O bien el Poder Judicial -que incluye a los magistrados, que en su mayoría no pagan Ganancias-, que anunció un aumento salarial del 12,5% retroactivo y a partir de diciembre del 2023. El dilema es que casi la mitad de la población activa está en negro, tiene un trabajo precario, sin paritaria ni cobertura social. Sumado a quienes quedaron colgados de la clase media o ya se cayeron y deben enviar a sus hijos a colegios públicos o dar de baja la prepaga; o los jubilados, que no fueron la excepción y perdieron por goleada contra la inflación ¿Qué pensarán todos ellos de estos aumentos en los tres poderes que el Gobierno nacional financia?
Como en todos los casos, cuando un presidente como Milei o un gobierno plantea un discurso radical de austeridad, un relato, la regla no debe tener excepciones ni zonas grises, porque pierde credibilidad. Y esa puesta en escena, dura y ambiciosa, también implica dar el ejemplo. El ajuste lo deben sufrir todos por igual, y no hay lugar para la corrupción ni para la ostentación.
Corrupción es la que destapó Osvaldo Giordano y que denunció Clarín, acerca de un millonario negociado con los seguros, obligando a los organismos del Estado a asegurarse durante el gobierno de Alberto Fernández -con la participación también de Sergio Massa-, para permitir comisiones y presuntos retornos. Lo descubrió un funcionario del gobierno de Milei pero no fue premiado, fue echado. Lo llamativo es que se trata, quizás, del único caso donde la gestión mileísta interpela un caso de corrupción kirchnerista. ¿No hubo otros puntos de la gestión K que hayan sembrado siquiera alguna duda, o en la que haya habido irregularidades para ser denunciadas?¿Por qué integra hoy Nación Seguros un camporista como Mauro Tanos de vínculos con Rodolfo Tailhade, por ejemplo?
El Gobierno sólo parece reaccionar cuando se viraliza en las redes el enojo de la sociedad. Una suerte de encuesta diaria. Si eso ocurre, busca dar marcha atrás, tomar la iniciativa, culpar a otro o instalar alguna pelea o realizar un anuncio que no cambia los problemas de fondo de la Argentina pero con impacto mediático.
En cuánto a la ostentación, más que predicar la austeridad absoluta es mucho más plausible practicarla. El uso de una cartera supuestamente valuada en 30 mil dólares luciendo en manos de la ministra Sandra Pettovello; los costosos looks en los viajes y eventos de Karina Milei; la presencia de la hermana del Presidente y del portavoz Manuel Adorni en el exclusivo recital de Luis Miguel a La Rural con una entrada de 1.500 dólares, más allá que hayan sido invitados o la hayan pagado; el costo innecesario de sustituir el Salón de las Mujeres por el Salón de los Próceres donde el único retrato presidencial es el de Carlos Menem, el único mandatario democráticamente elegido condenado por la Justicia por corrupción, por el contrabando de armas a Ecuador. Ninguno de esos episodios ni los aumentos salariales consolida el relato de austeridad que se pretende instalar con los libertarios como ejemplo.
Todo refleja una falta de empatía, como en la actitud indiferente del Presidente ante el desmayo de un alumno -¿qué pensarán sus padres?-, que atenta contra la credibilidad del discurso épico que ensaya Milei. Empatía, algo que ha convertido a muchos gobernantes desde el retorno de la democracia en personajes lejanos a la sociedad, que se enriquecieron, y que prometieron pero nunca ejecutaron la principal premisa que debería tener la política: mejorar la calidad de vida de los argentinos