El escándalo de espionaje que implica a Fabián «Conu» Rodríguez, subdirector en la AFIP y miembro prominente de La Cámpora, ha sumido a la organización en una atmósfera de preocupación y silencio. La situación se desveló tras la entrega voluntaria del teléfono móvil de Rodríguez en los tribunales de Comodoro Py, el cual había sido esquivo durante los allanamientos previos a su residencia y oficina. Este acto marca un punto de inflexión en la investigación, con el peritaje del dispositivo provocando tanto cautela como inquietud sobre las revelaciones que podrían surgir.
El comportamiento de Rodríguez se percibe contrastante, particularmente tras la tardanza en presentar su teléfono, lo que ha suscitado sospechas sobre un posible borrado de información crítica para la investigación. La demora de cuatro días para su entrega ha abierto un paréntesis que, según fuentes políticas y judiciales, podría haber permitido la eliminación de datos sensibles. Este punto crítico se espera que sea clarificado mediante el análisis técnico del dispositivo y, si es posible, la recuperación de los datos.
Además, hay señales de que Rodríguez podría haber estado al tanto de la investigación en su contra desde hace aproximadamente dos meses, tras solicitudes de información a organismos públicos por parte de la justicia. Esto podría indicar que el alcance de la eliminación de información podría ser extenso.
Mientras tanto, el oficialismo descuenta que este escándalo no afectará la campaña electoral, aunque persiste la preocupación por futuras revelaciones. En la residencia de Rodríguez se incautaron numerosos dispositivos electrónicos y más de 1100 carpetas para analizar, lo que ha llevado a algunos a especular que lo descubierto hasta ahora podría ser solo «la punta del iceberg». A pesar de la confianza oficialista en que la elección no está amenazada, existe una preocupación subyacente sobre lo que consideran «un nuevo papelón camporista».
El caso ha generado especial atención dentro del oficialismo debido a la cantidad de aparatos electrónicos encontrados en posesión de Rodríguez, lo que ha provocado sorpresa y especulación entre sus filas. A pesar de que poseer múltiples dispositivos no constituye un delito, la situación es innegablemente inusual y ha generado comentarios dentro del grupo.
En este contexto de apoyo y protección por parte de La Cámpora, Rodríguez sigue en su puesto en la AFIP y ha contratado a un reconocido bufete de abogados para su defensa. Este respaldo jurídico podría ser crucial para el rumbo que tome la causa, que podría enfrentar obstáculos procesales que la ralenticen o incluso la lleven al fracaso judicial.
Finalmente, mientras algunos miembros de La Cámpora buscan minimizar el papel de Rodríguez en la organización, otros se muestran preocupados por las posibles ramificaciones de un escándalo de espionaje que involucra a una figura tan cercana a Máximo Kirchner y que podría tener consecuencias imprevistas.