Recientemente, un informe presentado en el Parlamento británico reveló que Rusia ha descubierto una gigantesca reserva de petróleo en el Mar de Weddell, en la Antártida, zona que también es reclamada por Argentina, Reino Unido y Chile. La reserva estimada contiene aproximadamente 511,000 millones de barriles de petróleo, lo que equivale a casi diez veces la producción del Mar del Norte en los últimos cincuenta años y dobla las reservas de Arabia Saudita.
Este descubrimiento, llevado a cabo por buques de la empresa rusa Rosgeo, ha generado una considerable inquietud internacional. A pesar de que el Tratado Antártico de 1959 prohíbe cualquier tipo de explotación petrolífera en la región, la acción de Rusia sugiere una posible agenda estratégica y económica. Los expertos especulan que además de las exploraciones petrolíferas y de gas, Rusia podría estar inspeccionando la región con fines militares.
La confirmación de actividades sísmicas extensas por parte de la empresa rusa en la zona durante los últimos años ha levantado más sospechas. Según informes, desde 2011, Rosgeo ha visitado repetidamente el territorio reclamado por el Reino Unido, documentando el «potencial de petróleo y gas» de las cuencas sedimentarias. Aunque oficialmente estas actividades se enmarcan dentro de «investigación científica», algunos documentos públicos rusos de 2020 ya incluían estimaciones de los recursos de hidrocarburos potenciales en la región.
La situación se agrava con la posición de Rusia en la geopolítica global, particularmente tras su invasión a Ucrania, lo que ha exacerbado las tensiones con Occidente y podría influir en las dinámicas del Tratado Antártico. Rusia ha bloqueado esfuerzos de otros países miembros del tratado para ampliar las áreas marinas protegidas, mostrando una disposición a desafiar el consenso internacional cuando sus intereses están en juego.
Las implicaciones de este descubrimiento son vastas, no solo por el potencial económico en una zona donde la explotación está prohibida, sino también por las consecuencias políticas y medioambientales que podría acarrear. Expertos advierten que una confrontación sobre este tema podría llevar a una ruptura del Tratado Antártico y alterar significativamente el estatus político y legal de la Antártida.
Este tema seguramente será central en la próxima reunión anual de los signatarios del Tratado Antártico, donde Rusia será probablemente interrogada sobre sus planes en la región. La Secretaría del Tratado Antártico, con sede en Buenos Aires, ha evitado hacer declaraciones específicas sobre el hallazgo, manteniendo la atención internacional en cómo se desarrollarán estos eventos.
