Misiones implementa un esquema de pagos coordinados para la obra pública en respuesta a los recortes nacionales, buscando proteger las liquidaciones y el bienestar de miles de trabajadores de la construcción.
El Gobierno provincial dosifica pagos a la obra pública para garantizar liquidaciones y el seguro de desempleo de los obreros ante el cese de nuevas licitaciones y la reducción de fondos nacionales. Ante el anuncio de un ajuste nacional en la obra pública, Misiones se encuentra implementando medidas para mitigar el impacto en su fuerza laboral. En una serie de reuniones entre el Ministerio de Hacienda, IPRODHA, Arquitectura, Vialidad, el gremio UOCRA y las empresas constructoras, se ha acordado un esquema coordinado de pagos. La intención es que todas las empresas constructoras involucradas en proyectos de obra pública reciban una parte de los fondos necesarios para poder liquidar los sueldos y seguros de desempleo de sus trabajadores.
Este diciembre se ha tornado particularmente difícil debido a los recortes en el envío de fondos a las provincias anunciados por el presidente Javier Milei. Misiones, con más de 500 empresas constructoras y casi 10,000 trabajadores registrados, se ve particularmente afectada, especialmente aquellos vinculados a la obra pública.
El esquema propuesto busca evitar que algunas empresas, por su tamaño o influencia, acaparen los recursos disponibles, dejando a otras sin capacidad para cumplir con sus obligaciones laborales. El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, señaló que el objetivo es que todas las empresas constructoras puedan pagar a los obreros y superar el período de fin de año e inicio del siguiente.
La situación se complica aún más con la decisión del Gobierno nacional de no licitar nuevas obras, aunque se mantiene el compromiso de financiar aquellas ya en marcha. Este escenario genera una incertidumbre considerable sobre el futuro laboral de los trabajadores de la construcción en la provincia, con posibles efectos negativos en la economía local y en el bienestar de muchas familias misioneras.
Las autoridades provinciales y los representantes del sector se encuentran en una carrera contra el tiempo para organizar los pagos y asegurar que los obreros puedan recibir sus liquidaciones y seguros de desempleo correspondientes, buscando también priorizar aquellas obras próximas a finalizar.