La Cámara del Trabajo adopta una nueva jurisprudencia basada en una reciente decisión de la Corte Suprema para calcular los intereses en indemnizaciones.
La Cámara Nacional del Trabajo ha implementado por primera vez un enfoque restrictivo, siguiendo una reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cálculo de intereses sobre indemnizaciones laborales. Esta medida apunta a evitar el cálculo de intereses sobre los intereses, prohibido expresamente, optando en cambio por aplicar el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) más un 3% de interés sobre el capital.
Este cambio surge tras una sentencia de la Corte Suprema que calificó de «desproporcionado» el método previo de cálculo, que podía incrementar la suma de las indemnizaciones de manera excesiva y sin justificación. La Cámara del Trabajo, alineándose con esta directriz, busca garantizar una compensación razonable para los créditos laborales sin exceder los valores del dinero en el mercado, ni resultar en un enriquecimiento sin causa para las partes.
El fallo en cuestión se relaciona con un accidente laboral que resultó en una indemnización de 3.000.000 de pesos, con intereses calculados por CER desde 2017, marcando un precedente importante en la forma en que se abordarán los intereses en futuras indemnizaciones laborales.
Este enfoque no solo se alinea con las prácticas del Estado Nacional y el Banco Central respecto al manejo de deudas y depósitos, sino que también responde a las demandas de organizaciones empresariales y busca equilibrar la protección de los derechos laborales con la sostenibilidad económica de las empresas.
La decisión representa un esfuerzo por encontrar un método de compensación que preserve el poder adquisitivo de los créditos laborales, garantizando al mismo tiempo que los ajustes no impongan un costo desorbitado que supere los valores del dinero en el mercado.
Extracto: La adopción del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) más un 3% de interés anual en el cálculo de indemnizaciones laborales marca un cambio significativo en la jurisprudencia, buscando un equilibrio entre la protección del poder adquisitivo de los trabajadores y la razonabilidad económica para las empresas.