El anuncio de la eliminación total de subsidios y la liberación de tarifas de gas a partir de abril ha generado una gran incertidumbre entre distribuidores y usuarios, especialmente en las provincias del NEA, como Misiones. Esta decisión, parte de las políticas de desregulación del gobierno de Javier Milei, promete un incremento significativo en el costo de las garrafas de 10 y 45 kilos, vital para numerosas familias y negocios en la región.
El trasfondo de esta medida radica en la necesidad de ajustar los precios del gas a valores que reflejen la realidad económica del sector, argumentando que los precios actuales son insostenibles para mantener la actividad productiva. Sin embargo, la posibilidad de que las tarifas experimenten un salto de más del cien por ciento ha despertado preocupación sobre el impacto en la economía doméstica y la accesibilidad al gas para la población.
En medio de esta situación, distribuidores locales enfrentan no solo la incertidumbre sobre los futuros costos, sino también sobre la disponibilidad de cupos de gas, crucial para asegurar el abastecimiento equitativo en todas las provincias. Sin confirmación oficial y con rumores de posibles postergaciones, el sector aguarda definiciones claras que permitan anticipar y prepararse para el nuevo escenario de mercado.
Este contexto pone en relieve las complejidades de implementar políticas de desregulación en servicios esenciales, evidenciando la necesidad de un enfoque equilibrado que considere tanto la sustentabilidad de la producción como la protección de los consumidores frente a aumentos abruptos y potencialmente excluyentes.