El gobierno argentino anunció que apelará el fallo de la jueza de Nueva York, Loretta Preska, que estableció que Argentina deberá pagar 16.000 millones de dólares a Burford Capital por la nacionalización de YPF en 2012. El oficialismo respaldó la expropiación de la empresa y sostiene que no deben efectuar más pagos referidos a esa acción, arguyendo que el estatuto de YPF no puede tener más peso que una ley del Congreso Nacional.
El caso, que lleva más de ocho años en trámite, podría dirigirse ahora hacia la Corte de Apelaciones de Nueva York y, eventualmente, a la Corte Suprema de Justicia, aunque las perspectivas son consideradas «sombrias». Los jueces estadounidenses previamente habían determinado que el juicio por la estatización de YPF debería llevarse a cabo en EE.UU., dado que la empresa mantiene su status legal como una Sociedad Anónima que cotiza en la Bolsa de Nueva York. La jueza Preska aplicó la máxima sanción posible, estableciendo el monto en base a un interés del 8% anual desde la fecha de estatización en 2012.
El actual presidente de YPF, Pablo González, sostuvo que no corresponde indemnizar a Burford, mientras que el gobernador Axel Kicillof relacionó el fallo con los «fondos buitre» y lo asoció con la campaña electoral, enfatizando el papel crucial de la expropiación en el desarrollo de Vaca Muerta y denunciando una violación de la soberanía argentina. El proceso de apelaciones verá acumulación de intereses, estimados en cerca de 1.500 millones de dólares anuales.