En un creciente enfrentamiento con las empresas de medicina prepaga, el Gobierno argentino, liderado por el presidente Javier Milei, ha endurecido su postura frente a los recientes aumentos en las cuotas, los cuales han alcanzado hasta un 165% entre enero y abril. La acusación de una supuesta «cartelización» del sector ha sido el foco de las críticas gubernamentales, manifestadas a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, y reforzadas por el retweet del presidente Milei de un posteo crítico hacia Claudio Belocopitt, titular de Swiss Medical y de la Unión Argentina de la Salud (UAS).
El gobierno, mediante la Superintendencia de Servicios de Salud, está evaluando adoptar una estrategia judicial robusta para confrontar esta situación, sin esperar a que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) emita un dictamen sobre la investigación de colusión (cartelización) para aumentar precios que actualmente lleva adelante. Las opciones que se barajan incluyen la presentación de una denuncia o un recurso de amparo contra las empresas de medicina prepaga, una medida que sin duda elevaría la tensión entre las partes.
Según fuentes de la Superintendencia de Servicios de Salud, la acusación se centraría en una presunta “conducta abusiva coordinada”, basada en los incrementos de precios notablemente sincronizados y alejados de los índices de inflación. Esta medida se suma a la ya tensa relación entre el Gobierno y las empresas, con el ministro de Economía, Luis Caputo, denunciando una “guerra contra la clase media” iniciada por las prepagas.
La posibilidad de una medida cautelar que anule algunos de estos aumentos se suma a las estrategias legales consideradas, un camino que ya han iniciado usuarios particulares en la justicia. Un ejemplo es la ampliación de una medida cautelar por un juzgado de San Martín que ordenó a una entidad de medicina prepaga dejar sin efecto los aumentos bajo el amparo del “megadecreto” que desreguló los precios.
La decisión final sobre el curso de acción judicial a tomar podría anunciarse tan pronto como el viernes, coincidiendo con la difusión del índice de inflación de marzo por parte del INDEC. Mientras tanto, el Gobierno continúa su campaña declarativa contra las prepagas, acusándolas de prácticas monopolísticas y de perjudicar al consumidor en busca de maximizar sus ganancias a costa de la salud pública.
Extracto: La disputa entre el Gobierno y las empresas de medicina prepaga se intensifica con la planificación de acciones legales en respuesta a los recientes aumentos en las cuotas. El enfoque se centra en alegar una «cartelización» del sector, buscando frenar estas prácticas y proteger a los consumidores.