Para asegurar el derecho a la educación de toda la población en Argentina, sería necesario destinar el 8% del PBI del país a inversiones en el sector educativo, según expertos de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe. Este análisis se presentó durante un foro internacional en Chile, donde se enfatizó la necesidad de reformas tributarias progresivas que faciliten un aumento en la inversión educativa.
Los especialistas argumentaron que este nivel de inversión es necesario para abordar las «profundas desigualdades» presentes en Argentina y Colombia, proporcionando infraestructuras escolares adecuadas, conectividad, becas y equipos docentes suficientes. Actualmente, Argentina no cumple con el compromiso de destinar el 6% del PBI a la educación, una meta que también fallan en alcanzar otros países de la región, incluyendo Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Según datos del Banco Mundial, el PBI de Argentina en 2022 fue de 632,77 mil millones de dólares, lo que significa que una inversión del 8% representaría unos 50.621,6 millones de dólares. Las organizaciones involucradas en el foro subrayaron la demanda de «justicia fiscal para garantizar el derecho humano a la educación», instando a una revisión y mejora de las políticas fiscales actuales para cumplir con este objetivo.