El Gobierno enviará un nuevo y voluminoso proyecto al Congreso. En este caso buscará eliminar leyes que se volvieron “obsoletas” y ahora resultan “absurdas”. Abarcan diferentes áreas. Javier Milei buscará con este nuevo envío derogar más de 160 normas que en su administración considera que ya no solo no funcionan, sino que “obstaculizan” las actividades de diferentes áreas, entre ellas, la económica. La idea es con este nuevo envío, junto al mega DNU y la ley ómnibus, girados en las últimas dos semanas, se pueda avanzar en lo que consideran la “gran transformación” de la Argentina.

Para este nuevo proyecto, a diferencia de las dos anteriores presentaciones, en el Gobierno no esperan mayores controversias. “Es una depuración que cubre todas las áreas, no son temas conflictivos”, relativizan desde el oficialismo.

El envío del proyecto fue anticipado por Federico Sturzenegger, artífice detrás de los cambios presentados por Milei en las últimas semanas, en una entrevista con la agencia Bloomberg. Según aseguraron a LA NACION fuentes con acceso al tema, entre las normas que buscarán derogar hay desde una que obliga a hacer microfilmaciones cuando “ya no es la tecnología que se usa para guardar documentos”, hasta leyes que continúan vigentes pero que quedaron incluidas en otras de mayor jerarquía.

También aparecen otras que tienen como “curiosidad” que “piden trámites que ya no se pueden hacer”. Como ejemplo del concepto de “absurdo” que buscan transmitir sobre las reglas a derogar figura la ley que “da el mecanismo que permite hacer una transmisión en color en la televisión, algo que no tiene ningún sentido en la actualidad”, detallan. “Es como la limpieza del disco duro del archivo de la computadora”, grafican desde las filas libertarias sobre lo que se planea hacer con el nuevo proyecto.

En Casa Rosada explican que todas esas normas que mencionan como “absurdas” y “obsoletas” fueron encontrándose en la revisión que se va haciendo de las leyes locales en el “camino a un escenario de modernización”. Y agregan que va en línea con el DNU de más 300 puntos que apunta a reducir la participación del Estado en la economía local y con el proyecto de ley “ómnibus” que modifica 664 artículos y que comenzará a ser tratado en los próximos días, con la intención oficialista de tenerlo aprobado a finales del mes de enero.

Entre el optimismo y la intransigencia

La semana que comienza estará marcada fundamentalmente por la actividad parlamentaria para lograr la aprobación de la ambiciosa ley “ómnibus”, fundamental para el curso de la administración de Milei, que cifra sus expectativas en el proyecto. Mientras que desde el Gobierno se afirma que la negociación será a “todo o nada” y el mandatario siguió este sábado vía la red social X apuntando a la “casta delincuente que busca coimas”, en La Libertad Avanza (LLA) confían en los acercamientos a los que pueden llegar con la oposición, para lograr las aprobaciones que buscan. Un escenario desafiante en medio de la debilidad parlamentaria en el que en el oficialismo hay optimismo más allá de eso y también voces moderadas que hablan de la posible necesidad de corrimiento de fechas y desgloses de temas posibles.

En esa línea está la admisión de que guardaron como “carta de negociación” el proyecto de Ganancias, al no incluirlo en la ley ómnibus. Los cambios en esa normativa interesan particularmente a los gobernadores, sin distinción de color partidario, porque se trata de un impuesto coparticipable. El rol de los mandatarios provinciales, cuyo diálogo con el Gobierno se da a través del titular del Ministerio del Interior, Guillermo Francos, será fundamental para el devenir de lo que se vote en las próximas semanas a través de sus respectivos representantes en el Parlamento.

De extracción peronista, Francos funge como una suerte de contrapeso de la personalidad de Milei a la hora de las negociones. Mientras que el líder libertario luce completamente rupturista con sus posturas, dichos y movimientos, el titular de la cartera más política del Gabinete, mantiene diálogos con los diferentes actores que formarán parte de la discusión que se viene, entre los que están no solo los gobernadores, sino también sindicalistas, empresarios e intendentes.

En línea con que la negociación por lo que viene es a “todo o nada”, en la sede de Gobierno sostienen que la fecha límite para el tratamiento del tema es el 31 de enero, que impuso el propio mandatario en su convocatoria a extraordinarias. Hablan de que no quieren mayores dilaciones y que para entonces deberá estar aprobado el paquete. Sin embargo por lo bajo están quienes se sinceran y hablan de que una eventual prórroga que obligue a trabajar a los legisladores también durante febrero. Consideran que esa prórroga no solo no sería descabellada, sino también necesaria. En especial por lo voluminoso del material que recibieron el miércoles y que incluso los propios representantes legislativos oficialistas conocieron ese mismo día.

Como contó LA NACION, el Congreso impondrá modificaciones en su articulado, establecerá límites en las facultades legislativas que pretende arrogarse el Poder Ejecutivo y habrá capítulos –como el que propone la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria- que difícilmente sean aceptados. Esos solos movimientos preanuncian un debate legislativo intenso, por lo que es poco probable, por no decir imposible, que la iniciativa sea sancionada en solo un mes por Diputados y Senado, como reclama la estrategia que busca imponer el Gobierno.

“No dan los tiempos”, admiten incluso por lo bajo los libertarios aunque insisten en que saben que la voluntad del mandatario es que así sea. “Si bien sabemos que todo se puede en política si hay voluntad amplia, la realidad es que el volumen de lo que se pide parece superar ampliamente la posibilidad de que un mes alcance. “No se puede subir la expectativa”, dicen.

En el Parlamento estarán a cargo de la estrategia para conseguir los votos: Martín Menem, titular de la Cámara Baja y la vicepresidenta Victoria Villarruel, en el Senado. Junto a ellos está el mendocino Omar De Marchi, designado como secretario de Relaciones Parlamentarias y con la Sociedad Civil, que depende de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Nicolás Posse, hombre de bajísimo perfil y extrema confianza del presidente. A nivel macro y por fuera, sobre todo en el diálogo con los gobernadores, estará Franco colaborando con ellos.

La estrategia final del oficialismo, juran, es “no adelantar, ni rebelar nada, como se hizo con el paquete que fuera de un grupo reducido, ni los propios sabían lo que iba a terminar yendo”. Sí se sabe que ya vienen habiendo reuniones de Menem y Villarruel con distintos sectores. En especial a la vicepresidenta coinciden en asignarle un rol fundamental en lo que viene. Cuentan que desde el mismo 10 de diciembre empezó a trabajar para el diálogo. “Ella dialoga con todos. “En el Senado se trabaja en base a acuerdos, para eso hay que dialogar y no se logra de un día para el otro”, dijeron fuentes al tanto de las negociaciones.

En el Gobierno reconocen que “hay diálogo con todos los sectores de la política, pero no hay un plan de salir a “pintarlos de violeta””, en referencia la color que identifica al espacio. En esa línea, si bien el mandato es a “todo o nada”, hay quienes abren el paraguas y reconocen que tal vez haya que ir por algunos capítulos, en primer lugar. Cerca del presidente son terminantes y no dudan en decir que “usará todas las herramientas que tenga sino sale el proyecto de ley”.

En el medio está la idea de que los ministros se vayan preparando, con sus equipos de comunicación incluidos, para ir al Congreso a defender sus temas. “La idea es que cada uno vaya y defienda sus temas”, como parte de lo que viene. Como el mayor desafío político del gobierno por delante, se mira el telón de fondo de todo eso encarnado en abril y mayo como los meses claves para que empiece a bajar la inflación apelando en el medio a que se mantenga el apoyo de la población. Un elemento clave para atravesar los meses venideros, marcados por el escenario político y la vertiginosa situación económica.