El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem se prepara para librar una batalla decisiva. Será para conformar la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Privatizaciones, que deberá intervenir en el proceso de venta o concesión de las empresas públicas previstas en la Ley Bases, así como de otras que el Poder Ejecutivo tiene en el radar. Esta negociación se preanuncia compleja: el oficialismo se muestra reacio a seguir haciendo concesiones y no descarta negarle un lugar al espacio que lidera Miguel Ángel Pichetto, de 31 legisladores. Se suma al acervo de tensiones que hilvana con esta bancada desde hace algunas semanas.

La tirantez explica, en parte, la etapa que inauguró el Congreso después de la aprobación de los proyectos fundacionales de Javier Milei. El vínculo que sostuvieron –a fuerza de trabajosos entendimientos– el oficialismo y los bloques aliados durante los primeros seis meses de Gobierno, se transformó. Los razones varían según la procedencia: mientras que los libertarios manifiestan hartazgo frente a los condicionamientos de la oposición, los dialoguistas le reprochan “falta de palabra” a los referentes legislativos del Gobierno.

Esta rispidez se traslada al reparto de lugares. La Comisión Bicameral de Privatizaciones tiene 12 miembros: seis diputados y seis senadores. La presidencia, en tanto, le corresponde este año a la Cámara alta, donde el diálogo para acordar su integración no tuvo demasiados avances. “No hay novedades. Es una de las que falta integrar, pero que podría estar completa a mediados de agosto”, se sinceraron cerca de la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

No pasa lo mismo en Diputados, donde algunos bloques ya pusieron un ojo en esta comisión y hasta enviaron sus candidatos para integrarla. Es el caso de Pro, que nominó al diputado Diego Santilli para ocupar una banca. Hacemos Coalición Federal (HCF) también reclamará uno de esos lugares a pesar de que referentes del oficialismo anticiparon a LA NACION que “no está cerrado” un acuerdo con el espacio de Pichetto.

Según confirmaron a este medio fuentes cercanas a la presidencia de Diputados, consideran que por el peso de cada bloque en la Cámara, le corresponden dos lugares a Unión por la Patria (UP), uno a La Libertad Avanza (LLA), uno a Pro, uno a la UCR y el último “está en el marco de la negociación global con HCF, pero no está cerrada”. Los libertarios desconfían de algunos referentes de esta bancada, como Emilio Monzó, al que acusan de “hacer operaciones” en los medios de prensa tras la negativa de Menem incluirlo en la decisiva Comisión Bicameral de Inteligencia. Cerca del extitular de Diputados durante la era Cambiemos se desligan de estas incriminaciones.

“No mandamos ningún nombre aún. Es posible que no cumplan y siga escalando la tensión”, advierten en HFC. Reclaman a Menem que respete el compromiso de tomar el mismo criterio que consideró para integrar la Bicameral de Trámite Legislativo, de 16 miembros y con la potestad de rechazar los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Allí, HCF está representado por el diputado Nicolás Massot, quien condicionó al Gobierno en pleno recinto para dar marcha atrás con la eliminación del monotributo social. Tras el medio rechazo del DNU 70/2023 por el Senado, los libertarios no se sienten cómodos con que Massot ocupe una silla en esa comisión.

Una lógica similar impera sobre la composición de la comisión de Reforma del Estado y Privatizaciones, que controlará uno de los procesos más relevantes para el Ejecutivo y para el que se sumó a la administración libertaria el flamante ministro Federico Sturzenegger. El extitular del Banco Central (BCRA) de Mauricio Macri actuará en tándem con el abogado Diego Chaher, secretario de Empresas y Sociedades del Estado de la Jefatura de Gabinete, y un hombre cercano al poderoso asesor Santiago Caputo.

Entre otras cosas, esta comisión supervisará la transparencia del proceso de venta o concesión de las empresas públicas y trabajará en colaboración permanente tanto con la Sindicatura General de la Nación (Sigen), como con la Auditoría General de la Nación (AGN). Por eso, el Gobierno apuesta ubicar allí a personas afines para evitar cualquier complicación.

Las empresas a privatizar

La Ley Bases incluye en su Título II, de Reforma del Estado, la autorización al gobierno de Milei para privatizar total o parcialmente seis empresas públicas.

Para privatización:

• Intercargo SAU
• Enarsa

Para privatización/ concesión:

• Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA)
• Belgrano Cargas y Logística SA
• Sociedad Operadora Ferroviaria SE (SOFSE)
• Corredores Viales SA

No obstante, es posible que el Ejecutivo intente avanzar en la privatización o venta parcial de otras empresas excluidas de este listado. En enero, cuando mandó al Congreso la primera versión del texto, la Casa Rosada pretendía considerar “sujetas a privatización” a 41 sociedades. Luego se redujo a 11 (entre las que se quitó a YPF y al Banco Nación), y finalmente en el Senado se removió de la lista a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y los medios públicos.

Estas tres compañías fueron excluidas a último momento por presión de la oposición en la Cámara alta, fundamentalmente de los referentes legislativos de las provincias patagónicas, que argumentaban que la venta de estas empresas ocasionaría un perjuicio mayor en sus vastos territorios. No obstante, son prioritarias para el oficialismo, que no descarta mandarlas por separado al igual que el resto de las que quedaron afuera a lo largo de las negociaciones.