La inversión en obras públicas en Argentina cayó un 86.1% interanual en términos reales. El gobierno transfiere proyectos a las provincias sin recursos adicionales, y se buscan alternativas de financiamiento para continuar las obras.
5 Puntos Relevantes de la Noticia:
- La inversión del Estado en infraestructura cayó un 86.1% interanual en términos reales.
- El gobierno transfiere proyectos a las provincias sin proporcionar recursos adicionales.
- Se han detenido 2650 obras en ejecución, priorizando 345 y planeando transferir 882 a las provincias.
- Los gobernadores buscan formas de financiar proyectos inconclusos y mantener el empleo en el sector.
- Se exploran esquemas de participación público-privada (PPP) y financiamiento internacional para reactivar las obras.
Resumen a Detalle: La inversión del Estado nacional en obras públicas en Argentina ha caído drásticamente, con una reducción del 86.1% en términos reales entre enero y mayo. Esta disminución ha llevado a la transferencia de proyectos a las provincias sin recursos adicionales, complicando su financiación y ejecución. Actualmente, alrededor de $1 billón de fondos provenientes del impuesto a los combustibles y el impuesto PAIS están destinados a obras, pero no se están utilizando debido a restricciones legales.
Entre las obras afectadas se encuentra la autopista que une Córdoba y San Francisco, que requiere una inversión de US$120 millones para completar los 65 kilómetros restantes. En total, 882 obras serán transferidas a las provincias, mientras que 800 del programa «Argentina Hace» y otras 440 serán discontinuadas.
El impacto de la paralización de obras incluye una deuda acumulada con las empresas del sector estimada en $400,000 millones y la pérdida de unos 100,000 puestos de trabajo formales. Los gobernadores intentan reactivar las obras para evitar más pérdidas de empleo, explorando financiamiento internacional y la implementación de esquemas de participación público-privada (PPP).
El Foro de Análisis Económico de la Construcción (FAEC) propone incentivos para inversiones privadas en infraestructura, destacando la importancia de encontrar esquemas eficientes de complementación entre recursos públicos y privados. Alternativas incluyen financiamiento con recursos tributarios, cobro de servicios a los beneficiarios directos, y financiación a través de constructoras con recuperación mediante venta de servicios al Estado.
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