Fecha: 14 de mayo de 2024
El gobierno peruano, liderado por la presidenta Dina Boluarte, ha desatado una ola de críticas y rechazo tras la publicación de un decreto que clasifica el «transexualismo», «transvestismo de rol dual» y «trastornos de la identidad de género» como enfermedades mentales. Esta decisión incluye a las personas afectadas dentro del Plan Esencial de Salud, permitiendo su atención médica en establecimientos de salud públicos y privados.
Esta medida se produce a pesar del progreso internacional en la comprensión y aceptación de las identidades trans, destacando el hecho de que la Organización Mundial de la Salud eliminó la transexualidad de su lista de enfermedades mentales hace seis años. La decisión del ejecutivo peruano ha sido ampliamente criticada tanto a nivel nacional como internacional, señalando un paso atrás en los derechos y el reconocimiento de la comunidad trans.
La diputada Susel Paredes, perteneciente a la alianza opositora Juntos por el Perú, ha llamado a la derogación del decreto, argumentando que perpetúa el estigma y la discriminación hacia las personas trans y contradice los estándares internacionales de salud mental. De manera similar, grupos de la sociedad civil y profesionales de la salud han mostrado su desaprobación, exigiendo una revisión y retractación del decreto.
Adicionalmente, este decreto llega en un momento complicado para la presidenta Boluarte, quien enfrenta investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y otros escándalos políticos. Estas controversias han afectado su credibilidad y han intensificado el escrutinio sobre sus decisiones y la de su administración.
Resumen: El gobierno peruano enfrenta críticas severas tras definir a las personas trans como «enfermas mentales» mediante un decreto oficial. Este acto ha sido condenado por opositores políticos y organizaciones de derechos humanos, quienes lo consideran un retroceso en la lucha por la igualdad y el respeto de los derechos de la comunidad LGTBIQ+ en el país.