El Ministro de Economía y candidato Sergio Massa se encuentra en una encrucijada: por un lado, se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a una devaluación y un ajuste fiscal para conseguir dólares para las reservas del Banco Central; por otro lado, está presionado a desarmar ese dique de contención para ser competitivo electoralmente, repartiendo muchos pesos prestados de organismos internacionales, recaudados por el Estado, impresos por el Banco Central o de empresas, y subsidiando más tarifas o tasas de créditos. La situación se complica aún más porque el kirchnerismo oculta lo que Massa quita y propaga lo que ofrece como candidato, mientras que el FMI y el gobierno comparten el mandato de llegar a diciembre, a pesar de las tensiones entre el organismo y el kirchnerismo y otros sectores de la economía.
En este contexto, el paquete de medidas anunciado por Massa, que incluye aumentos a la Asignación Universal por Hijo (AUH), mejoras en las asignaciones familiares y en la Tarjeta Alimentar, además de continuar con los aumentos por la actual ley a jubilados y algunos bonos, rondaría los $730.000 millones, es decir, 0,5% del PBI. Esto deglutiría el ahorro en el año en subsidios por el aumento de tarifas del propio ministro.
El acuerdo con el FMI sufre un desvío difícil de enderezar, ya que los paliativos son acotados en un contexto en el que los ingresos luchan por sostenerse frente a una inflación de entre 140% y 170% para 2023. Además, el Fondo pide no atrasar el dólar, mientras que Massa anunció que el tipo de cambio oficial estaría fijo hasta fines de octubre. Para llegar a una inflación mensual de 5% con un nuevo aumento de tarifas de luz para septiembre, se necesitaría una recesión.
Si las metas no se vuelven testimoniales, Massa tendría que bajar salarios públicos en el segundo semestre y lograr una caída del gasto del 11% (menos transferencias a provincias, empresas públicas y gasto de capital). Esto sumado a la preocupación en el mercado por una apuesta extrema: la dolarización sin dólares, incrementa los riesgos para el ministro y candidato.