Fecha: 22 de Noviembre de 2023
La jueza de Nueva York, Loretta Preska, ha dictaminado una decisión crucial en el prolongado litigio judicial relacionado con la expropiación de YPF, la petrolera argentina. En un giro significativo, la jueza Preska ha accedido a la solicitud del Gobierno argentino de no depositar los US$16.000 millones como parte del fallo adverso por la «expropiación irregular» de YPF. Sin embargo, esta concesión viene con ciertas condiciones que Argentina debe cumplir.
Según el especialista Sebastián Maril, CEO de Latin Advisor, Argentina deberá aportar otros activos, como acciones de YPF, como garantía para evitar futuros embargos. Además, la jueza ha suspendido los posibles embargos hasta que se considere el total del fallo, pero Argentina debe depositar una suma menor si desea evitar dichos embargos.
La noticia llega en un momento crítico para la acción de YPF, que experimentó un aumento significativo del 40% tras el anuncio del presidente electo Javier Milei de planes de privatización de la petrolera. Este aumento se vio impulsado por la victoria electoral de Milei y su enfoque liberal en la gestión económica.
El juicio, que lleva más de ocho años, ha sido una fuente de complicaciones legales para Argentina, con varios fallos adversos en cámaras de apelaciones y una negativa de la Corte Suprema de EE.UU. para revisar el caso. La jueza Preska había determinado anteriormente que el Estado argentino realizó una expropiación incorrecta de YPF y lo condenó a resarcir a los demandantes, liderados por el fondo Burford Capital.
El conflicto se remonta a 2012 cuando Argentina acordó pagar a Repsol US$5.000 millones por la expropiación del 51% de YPF. Este acuerdo se basó en el valor de mercado de la empresa en ese momento y se pagó en bonos del gobierno. Desde entonces, la capitalización bursátil de YPF ha fluctuado significativamente, viéndose afectada por factores como la pandemia de coronavirus.
El fallo actual ofrece un respiro a Argentina al evitar el pago inmediato de una suma considerable, pero introduce nuevos desafíos en términos de cumplir con las condiciones impuestas y gestionar las implicaciones a largo plazo de esta decisión judicial.