Ante la escasez de reservas y en medio de una negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno de Argentina ha decidido implementar una devaluación parcial y una serie de medidas fiscales para afrontar la crisis económica que enfrenta el país.
El plan incluye un aumento en el precio del dólar para el acceso al público, unificando el denominado «dólar solidario» con el «dólar tarjeta» y manteniendo el «dólar Qatar». Además, se extenderá el impuesto PAIS a las importaciones de bienes y servicios, estableciendo una alícuota del 25% para la mayoría de los servicios, exceptuando algunos como fletes, salud, educación, recitales y turismo. También se aplicará una alícuota del 7,5% a bienes importados, exceptuando medicamentos, material para combatir incendios, bienes suntuarios y otros.
Adicionalmente, se ofrecerá un tipo de cambio preferencial de $340 para algunas producciones del agro, con el objetivo de incentivar las exportaciones y recaudar unos US$2000 millones.
El Gobierno busca consolidar el orden fiscal y fortalecer las reservas en medio de la sequía, daño a las exportaciones y disminución de ingresos fiscales. Las medidas implementadas se espera que aporten una recaudación extra equivalente a un 0,8% del PBI, es decir, unos $1,3 billones en el año.
Estas acciones forman parte de una estrategia para enfrentar la crisis económica del país y obtener el apoyo del FMI en la quinta revisión del acuerdo de facilidades extendidas. Se espera que el acuerdo final se cierre próximamente y ayude a estabilizar la economía argentina. Sin embargo, las medidas también generan preocupaciones por posibles efectos inflacionarios y sus implicancias sociales y políticas, especialmente en un contexto de campaña electoral.