La gestión de Alberto Fernández revivió prácticas de contratación de seguros beneficiando a un círculo cercano de amigos, desatando un escándalo de proporciones millonarias.
Desde el inicio de su mandato en 2020, Alberto Fernández instauró a un grupo cercano de colaboradores, con quienes compartía lazos desde los años 90, al frente de Nación Seguros, la compañía de seguros estatal. Este equipo, compuesto por Alberto Pagliano, Fernando Arana, Carlos Soria, y Gustavo García Argibay, comenzó a manipular el sistema de contratación de seguros estatales, creando un entramado de negocios que beneficiaba principalmente a sus integrantes y a asociados cercanos al poder, como Héctor Martínez Sosa.
Durante la administración anterior, la mayoría de las pólizas públicas se realizaban directamente con Nación Seguros, sin intermediarios. Sin embargo, con la llegada de Fernández, se cambió a un sistema de intermediación que generaba comisiones anteriormente inexistentes, muchas de las cuales acababan en manos de Martínez Sosa y otros brokers cercanos al gobierno.
La maniobra consistía en la obligatoriedad de contratar con Nación Seguros y luego “coasegurar” el riesgo con otras empresas, generando aún más comisiones. Esta práctica no se limitaba al ámbito nacional, sino que también se replicaba en provincias y dependencias estatales, abarcando desde seguros para satélites hasta coberturas para empleados públicos, pasando por pólizas de riesgos edilicios y vehiculares de uso estatal.
El escándalo se extiende más allá de la intermediación de seguros. Fernández, antes de su presidencia, y Martínez Sosa mantenían una relación cercana, evidenciada por préstamos personales y frecuentes reuniones en la residencia presidencial de Olivos. Esta red de corrupción, que involucra la manipulación de contratos de seguro estatales para beneficio personal, ha comenzado a desmoronarse, provocando investigaciones judiciales y un escrutinio público que amenaza con desvelar aún más irregularidades.
Extracto: La administración de Alberto Fernández ha sido marcada por un escándalo de corrupción en el sector de seguros estatales, donde un círculo íntimo de amigos y asociados se benefició de negocios millonarios a costa del erario público. La trama destapada incluye desde la intermediación innecesaria que generaba comisiones hasta la coaseguración que dispersaba el riesgo y las ganancias entre empresas privadas y públicas, todo bajo un manto de complicidad y favoritismos.