Documentos reservados exponen cómo distintas entidades estatales argentinas, incluyendo Gendarmería Nacional y el Ministerio de Seguridad, se vieron implicadas en maniobras para beneficiar a Héctor Martínez Sosa, un productor de seguros cercano a Alberto Fernández. Estas gestiones, que tuvieron lugar durante la presidencia de Fernández, asignaron clientes cautivos a Nación Seguros, dirigidos a través de Martínez Sosa, generando comisiones millonarias.
Martínez Sosa, quien tiene vínculos personales y comerciales con Fernández, se benefició directamente de contratos que iban desde el Ministerio de Relaciones Exteriores hasta la Casa de la Moneda, con comisiones que alcanzaban hasta el 25%. La Gendarmería Nacional, por ejemplo, generaba hasta $900 millones mensuales en un negocio cautivo obligado a contratar con Nación Seguros, del cual Martínez Sosa obtenía una comisión del 15%.
La situación desató controversia al intentarse reducir la comisión a 10% por las pérdidas que generaba la cuenta, llevando a Martínez Sosa a transferir el cliente a La Caja Seguros. Este cambio contradecía un decreto presidencial que obligaba a todas las dependencias públicas a asegurarse con Nación Seguros.
El caso se complica con la implicación de María Cantero, secretaria privada presidencial durante la gestión de Fernández y esposa de Martínez Sosa. Se reporta que Cantero realizó llamadas a varias dependencias públicas solicitando que designaran a su esposo como productor de seguros. Aunque algunos accedieron, otros se resistieron, incluido Juan Zabaleta, entonces ministro de Desarrollo Social.
La revelación de estos documentos plantea serias preguntas sobre la transparencia y la ética dentro del gobierno de Fernández, desafiando su afirmación de terminar su mandato sin escándalos de corrupción.