En una situación administrativa compleja y única, el Ministerio de Infraestructura de Argentina, tras la licencia de Guillermo Ferraro, continúa existiendo en un estado de incertidumbre. A pesar de anuncios previos de que las secretarías subordinadas pasarían a la órbita del Ministerio de Economía, dirigido por Luis Caputo, la cartera aún no ha sido oficialmente disuelta. En este escenario, Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, es quien actualmente debe firmar los actos administrativos relevantes.
La cartera de Infraestructura se encuentra en un limbo: aunque se comunicó que sus funciones se trasladarían al dominio de Caputo, las formalidades administrativas y burocráticas aún no reflejan este cambio. Este impasse ha generado un laberinto de gestiones y decisiones donde, aunque Caputo es el interlocutor de facto para los asuntos diarios, la falta de una firma autorizada complica la operatividad del ministerio. La situación es aún más peculiar debido a que Ferraro no ha renunciado oficialmente, sino que se encuentra de licencia, lo que deja su retorno o salida definitiva en suspenso hasta el 29 de febrero.
Esta configuración ha puesto en evidencia las dificultades de gestión y ha dejado a secretarios y subsecretarios en un estado de «peregrinación burocrática», con limitadas capacidades para llevar adelante sus responsabilidades. Además, se anticipa que la solución final implicará la absorción de Infraestructura dentro del Ministerio de Economía, cumpliendo así la promesa de campaña del presidente Javier Milei de reducir el número de ministerios.
La situación actual refleja no solo las tensiones y complicaciones internas del gobierno sino también el impacto en sectores críticos como el transporte, las obras públicas, las viviendas y las comunicaciones. La falta de claridad en la gestión y en la toma de decisiones ha paralizado proyectos importantes y ha dejado a las empresas constructoras y a los trabajadores en una situación de incertidumbre.