En Bolivia, la guerra por tierras cocaleras se intensifica, exacerbada por recientes incendios en el área de El Copaibo, Santa Cruz, atribuidos a agentes de Evo Morales. La situación se agrava con la muerte de dos personas en Guarayos, Santa Cruz, y el bloqueo de ambulancias por grupos armados. Evo Morales, en Buenos Aires, ha hecho declaraciones controversiales, preguntando «si no incendiamos, ¿de qué vamos a vivir?» en referencia a la práctica del «chaqueo» (quema de tierras).
La situación se complica aún más con el anuncio inminente del gobierno de Luis Arce sobre un aumento en los precios de los combustibles, el primero desde principios de siglo, y la posibilidad de un «gasolinazo» que podría poner al gobierno en una posición difícil. La confesión de Morales sobre los «chaqueos» confirma las sospechas de que las tierras quemadas son concedidas por el gobierno a los responsables de los incendios.
El conflicto se extiende a la competencia por estas tierras entre cocaleros y organizaciones criminales como el Primer Comando da Capital (PCC) de Sao Paulo. Según informes, el PCC está involucrado en cultivos de coca y fábricas de droga en Bolivia.
La situación económica de Bolivia se ve afectada por la disparidad en los precios del petróleo: el país paga 80 dólares por barril para el consumo interno pero lo vende a 27 dólares dentro del país, creando un subsidio significativo y una «bomba de tiempo» económica.
Además, se reportan problemas de extorsión en cárceles, violencia de contrabandistas en fronteras, y corrupción policial, lo que lleva a algunos a calificar a Bolivia como un «Estado fallido» y pedir medidas más severas.