La jueza federal con competencia federal María Servini investiga amenazas de muerte a Malena Galmarini, titular de Aysa y esposa de Sergio Massa, y a los hijos de ambos, Milagros de 21 años y Tomás de 18. Según pudo reconstruir LA NACION, la denuncia de Galmarini se registró el 3 de noviembre, luego de que a través de dos cuentas de la red social Tik Tok, identificadas presuntamente con seguidores de La libertad avanza (LLA), se difundieron datos personales de la familia Massa-Galmarini, entre ellos los números de teléfonos de celulares de la funcionaria y de sus hijos, quienes instantes después comenzaron a recibir decenas de amenazas a través de WhatApp y también de sus cuentas en redes sociales.

La magistrada dispuso la custodia permanente para Galmarini y sus hijos. A raíz de la denuncia, Servini también dispuso la intervención de la División de Delitos Informáticos de la Policía Federal Argentina (PFA), que lleva adelante las pericias del caso. La información fue dada a conocer este jueves por el propio ministro-candidato: ”Mi familia está con seguridad por amenazas reiteradas”, reveló. Tras lo que agregó que “Argentina tiene que bajar la violencia” y criticó a quienes cuestionan el sistema electoral: “No aceptar los resultados es una idea muy mala de (Donald) Trump y (Jair) Bolsonaro”.

Según pudo saber este diario, los hijos del matrimonio ya tenían custodia, tras una denuncia previa que data de mediados de la década pasada. Sin embargo, tras lo sucedido en los últimos días se les explicó a ambos jóvenes que a partir de ahora esta debía ser más rigurosa y permanente que lo que habían optado tener hasta ahora.

En el caso de Galmarini es distinto, ya que ella nunca había aceptado tener custodia personal pese a que en 2002 recibió una primera serie de amenazas, cuando Massa estaba a cargo de la ANSES, en el gobierno de Eduardo Duhalde. Él aceptó de entrada la protección policial que desde entonces nunca cesó, pero Galmarini siempre se resistió a la idea. En este caso, según reconstruyó LA NACION, ante la virulencia de las intimidaciones y el consejo de la propia magistrada, la funcionaria decidió sumar la custodia.

Aunque las cuentas fueron cerradas poco después de la difusión de la información privada de la familia Galmarini-Massa, los investigadores confían en lo que se puede obtener el rastreo de datos de quienes hicieron la filtración que también incluyó números de teléfonos celulares de vecinos del barrio privado “Isla del Sol”, en el que vive la familia desde el año 2000.

Por otro lado también se trabaja en el análisis de los datos de los números telefónicos que perpetraron las amenazas luego de acceder a los números personales de la familia. Todos esos números quedaron archivados en los teléfonos de la familia y hoy son objeto de investigación policial y judicial.

Fuente: LA NACION