Fecha: 14 de mayo de 2024
En una escalada de tensiones que ha migrado a los estrados judiciales, la disputa entre el Gobierno y las organizaciones piqueteras continúa intensificándose con acusaciones recíprocas sobre la distribución de alimentos. Este conflicto pone de relieve el rol del Ministerio de Capital Humano, bajo el liderazgo de Sandra Pettovello, en un intento de reformar y transparentar el proceso, alejando a los movimientos sociales de la gestión directa.
Las organizaciones, entre ellas la Unidad Piquetera y el Frente de Lucha Piquetero, han expresado su frustración por la falta de asistencia directa a comedores comunitarios, a pesar de estar bajo la administración de estos grupos por más de cinco meses. En respuesta, han llevado a cabo protestas, portando ollas vacías como símbolo de sus demandas insatisfechas y solicitando audiencias urgentes con Pettovello.
Por su parte, el Gobierno ha realizado auditorías que sugieren deficiencias significativas en la operación de muchos de estos comedores. Según informes, una porción considerable de estos espacios o no operaba adecuadamente o directamente no existía. Esta situación ha derivado en denuncias ante la Justicia Federal por parte del oficialismo, acusando a la gestión anterior de negligencia en la supervisión y distribución de recursos.
En medio de estas tensiones, destacan las acciones judiciales como la del dirigente social Juan Grabois, quien ha denunciado a Pettovello por incumplimiento en los deberes de funcionario público, enmarcando su acusación en la interrupción de la distribución de alimentos y la falta de acciones concretas para solucionar esta crisis.
Resumen: La batalla legal entre el Gobierno y los grupos piqueteros se agudiza con acusaciones mutuas sobre la gestión de la ayuda alimentaria. Mientras el Gobierno intenta implementar medidas de control y eficiencia, las organizaciones denuncian la falta de soporte y transparencia, llevando el conflicto a un nuevo nivel de confrontación judicial.