Revelan estafa al Estado por casi $400 millones vinculada a empleados «ñoquis».
Un meticuloso informe de la División Antilavado de la Policía Federal ha sacado a la luz un escándalo financiero de enormes proporciones en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, apodado el «Caso Chocolate». Julio «Chocolate» Rigau, identificado como el cabecilla de una red de tarjetas de débito asociadas a empleados fantasma («ñoquis»), ha causado un perjuicio económico al Estado bonaerense estimado en $395,4 millones en solo dos años, cifra que aún requiere ajustes por inflación.
Las investigaciones sugieren que esta operación fraudulenta no solo afectó los dos últimos años sino que podría remontarse hasta 2012, lo que implicaría un daño financiero significativamente mayor para las finanzas públicas. La estafa, que implicaba la extracción sistemática de salarios de supuestos empleados legislativos, fue facilitada por la apertura de cuentas salariales en el Banco Provincia, algunas datadas desde hace una década.
Este caso ha revelado no solo la extracción directa de fondos sino también los beneficios indebidos obtenidos de la obra social IOMA y los aportes al Instituto de Previsión Social (IPS), lo que podría elevar la cifra total del desfalco a aproximadamente $800 millones solo entre enero de 2022 y septiembre de 2023.
Los implicados directos en esta operación incluyen a Claudio Albini, subdirector de Personal de la Cámara de Diputados, su hijo, el concejal platense Facundo Albini, y el propio «Chocolate» Rigau. Los tres se encuentran actualmente detenidos con prisión preventiva.
El desglose de las cuentas bancarias de los supuestos empleados fantasma ha mostrado un patrón de extracciones en efectivo realizadas en horarios inusuales y en cajeros automáticos específicos, con pocas otras transacciones registradas. Este mecanismo apunta a una sofisticada red de lavado de activos que ha funcionado con impunidad durante años, aprovechando las lagunas en los controles administrativos y financieros de la Legislatura bonaerense.
Las investigaciones en curso buscan no solo determinar la extensión total del fraude sino también identificar a otros posibles participantes en esta red delictiva que, hasta ahora, han permanecido en las sombras. Mientras tanto, la División Antilavado de la Policía Federal ha solicitado documentación adicional para profundizar en el análisis y establecer con precisión desde cuándo se ha venido realizando esta práctica fraudulenta.
Extracto: Un fraude millonario desvelado por la Policía Federal pone en jaque a la Legislatura de Buenos Aires, con «ñoquis» y un esquema de lavado de activos que se remonta a 2012.